DIVORCIOS, SEPARACIONES
Y RELACIONES PATERNO-FILIALES

Si, en España es preceptiva la intervención de abogado y procurador en los procedimientos de divorcio tramitados judicialmente.

No obstante, en los divorcios de mutuo acuerdo formalizados ante notario, es obligatoria la asistencia de abogado, pero no la intervención de procurador al contar con la del notario.

El divorcio puede formalizarse ante notario cuando existe mutuo acuerdo entre los cónyuges y no hay hijos menores de edad o hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores.

En estos casos, el divorcio se realiza mediante escritura pública y no es necesario acudir al juzgado, aunque sí es obligatoria la asistencia de abogado.

La duración del procedimiento dependerá de si el divorcio es de mutuo acuerdo o contencioso, así como de la complejidad de las medidas a adoptar y la predisposición de las partes.

Los divorcios de mutuo acuerdo suelen resolverse en un plazo más breve, mientras que los procedimientos contenciosos pueden prolongarse durante varios meses o incluso más de un año, dependiendo de las circunstancias del caso y de la carga de trabajo del juzgado.

El convenio regulador es el documento en el que los cónyuges recogen los acuerdos alcanzados en un divorcio o separación de mutuo acuerdo o relaciones parterno filiales.

En él se regulan cuestiones como la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, las pensiones, el uso de la vivienda familiar o la liquidación del régimen económico matrimonial, entre otras medidas.

Sí. Las medidas acordadas en un convenio regulador pueden modificarse cuando se produce un cambio sustancial de las circunstancias económicas, familiares o laborales tenidas en cuenta en el momento de su aprobación.

Para ello, será necesario tramitar el correspondiente procedimiento de modificación de medidas ante el juzgado, que podrá realizarse de mutuo acuerdo o contencioso.

En caso de incumplimiento de las medidas establecidas en el convenio regulador o en una resolución judicial, se puede iniciar un procedimiento de ejecución ante el juzgado para exigir su cumplimiento.

Actualmente, la custodia compartida es una de las opciones más habituales y la jurisprudencia la considera, con carácter general, la fórmula más adecuada siempre que resulte beneficiosa para los menores.

No obstante, no existe una solución automática para todos los casos. El juzgado valorará las circunstancias concretas de cada familia, teniendo especialmente en cuenta el interés superior de los hijos, la capacidad de ambos progenitores para ejercer sus responsabilidades parentales, la relación entre los menores y cada progenitor, la disponibilidad horaria, la proximidad de los domicilios y cualquier otra circunstancia relevante.

Cuando la custodia compartida no resulte conveniente para los menores, podrá acordarse una custodia exclusiva a favor de uno de los progenitores con el correspondiente régimen de visitas para el otro.

La atribución del uso de la vivienda familiar dependerá de las circunstancias concretas de cada caso, especialmente de la existencia de hijos menores y del régimen de custodia que se establezca.

Con carácter general, el juzgado priorizará el interés y protección de los hijos menores. No obstante, también podrán valorarse circunstancias económicas, la titularidad de la vivienda y la situación de necesidad de cada una de las partes.