TRÁFICO

Si supera los límites legales de alcohol permitidos, puede enfrentarse a una sanción administrativa o, en los casos más graves, a un procedimiento penal por delito contra la seguridad vial.

Contar con un abogado especializado en alcoholemia es fundamental para analizar el caso y tratar de reducir las consecuencias legales.

No. Negarse a realizar las pruebas de alcoholemia requeridas por los agentes puede constituir un delito independiente, castigado incluso con penas más graves que el propio delito de alcoholemia.

Con carácter general, se considera delito cuando la tasa de alcohol en aire espirado supera los 0,60 mg/l o los 1,2 g/l en sangre.

Si la tasa es inferior, puede imponerse una sanción administrativa. No obstante, aunque no se superen esos límites, también puede existir delito si los agentes aprecian una conducción influida por el consumo de alcohol.

Las consecuencias de un delito o sanción por alcoholemia pueden variar según cada caso, pero las penas más habituales son:

Multa económica*.

Trabajos en beneficio de la comunidad.

Retirada del permiso de conducir.

Pena de prisión en los casos más graves.

Si además se han producido daños a terceros habrá un condena por responsabilidad civil.

*La multa económica dependerá de los ingresos del acusado y de las circunstancias concretas del caso.

El juicio rápido es un procedimiento penal especial previsto para determinados delitos, entre ellos los delitos de alcoholemia, que suele celebrarse pocos días después de los hechos.

En este tipo de procedimientos, si existe conformidad con la acusación y se reconocen los hechos, la pena puede reducirse en un tercio conforme al artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por ello, resulta fundamental contar desde el primer momento con un abogado especializado en alcoholemias que analice el atestado, valore posibles irregularidades y negocie la solución más favorable para el cliente.

En los delitos de alcoholemia, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores puede oscilar entre 1 y 4 años, dependiendo de la gravedad de los hechos, la tasa de alcohol, la existencia de antecedentes y demás circunstancias del caso.

En los procedimientos de juicio rápido, si se alcanza una conformidad conforme al artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la pena puede reducirse en un tercio.

La reincidencia puede agravar las consecuencias penales, aumentando la duración de la retirada del permiso de conducir y dificultando la obtención de reducciones o acuerdos favorables en juicio rápido.

En los procedimientos penales es obligatorio contar con un abogado. La intervención de un abogado especializado en alcoholemias puede resultar decisiva para estudiar posibles irregularidades, negociar una conformidad o minimizar las consecuencias del procedimiento.

Actualmente, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo rechaza el fraccionamiento de la retirada del permiso de conducir por motivos laborales.

Por ello, aunque el afectado dependa del permiso para ejercer su profesión como transportista u otras similares, lo habitual es que la privación del permiso deba cumplirse de forma continuada.